Aprueban que funcionarios de CFE, Pemex y SAT porten 4rm4s

Ciudad de México, 24 de abril de 2025 — La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a funcionarios de instituciones clave como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) portar armas de fuego durante el desempeño de sus funciones. La iniciativa, propuesta originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca reforzar la seguridad en instalaciones estratégicas del país.

Con 476 votos a favor y sólo dos abstenciones, la reforma fue turnada al Senado de la República para su análisis y posible aprobación. Durante el debate legislativo, todas las bancadas coincidieron en que la medida representa un paso importante para combatir el tráfico ilegal de armas —provenientes en su mayoría de Estados Unidos— y enfrentar al crimen organizado.

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la creación de una nueva modalidad de licencia denominada “oficiales colectivas”, que permitirá a miembros de la CFE, Banco de México, Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el SAT portar armas de fuego para garantizar la seguridad de las áreas bajo su resguardo.

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Además, la reforma contempla modificaciones que benefician a sectores rurales: ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo ahora podrán poseer legalmente en su domicilio un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre, incluso dentro de zonas urbanas, lo que antes estaba restringido. También se refuerza el derecho de los ciudadanos a poseer armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en sus domicilios para su legítima defensa.

En otro frente, se endurecen las penas para quienes posean, porten, comercien, transporten o introduzcan armas ilegalmente al territorio nacional. Asimismo, se establece la obligación de implementar campañas educativas en los tres niveles de gobierno, enfocadas en sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos que implican las armas de fuego, municiones y sustancias químicas peligrosas.

Esta reforma representa un ajuste significativo en la política de seguridad nacional, al ampliar las facultades de organismos civiles en el uso de la fuerza armada para la protección de infraestructuras estratégicas.

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