27 de febrero de 2025 | Le aprientan las tuercas a México…

H. Matamoros Tamaulipas.- La reciente entrega de 29 presuntos criminales mexicanos a Estados Unidos, incluidos nombres de alto perfil como Rafael Caro Quintero, es un movimiento que no puede verse de manera aislada. Más allá del discurso oficial de cooperación en materia de seguridad, esta acción parece enmarcarse en una lógica de presiones políticas y económicas que colocan a México en una encrucijada de intereses internacionales.

Desde su llegada a la presidencia, Claudia Sheinbaum ha navegado entre el compromiso de continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor y la necesidad de fortalecer la relación con Washington. La entrega y no la extradición de estos capos, responde a una exigencia de justicia, pero también es un mensaje claro de que el gobierno mexicano está dispuesto a ceder en ciertos puntos para evitar conflictos mayores con la administración de Donald Trump.

Uno de los elementos que no puede ignorarse en este contexto es el reciente anuncio del incremento del 25% en los aranceles a productos mexicanos. La coincidencia entre esta medida y la extradición masiva de criminales sugiere que la relación entre ambos países se encuentra en una fase de negociación donde la seguridad y el comercio se convierten en fichas de cambio. Estados Unidos presiona con medidas económicas, y México responde con cooperación en materia de seguridad.

El caso de Rafael Caro Quintero es particularmente simbólico. Acusado de la desaparición y eliminación del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, su entrega cierra un capítulo histórico de tensión entre ambos países y pone muy felices a los americanos por lograr después de muchos años justicia para su agente de la DEA.

LAS PRIMERAS DISCULPAS POR UN GOBIERNO DE TAMAULIPAS…

Por otro lado, la disculpa pública expresada ayer por el Secretario General de Gobierno del estado de Tamaulipas, Héctor Villegas González, en relación con los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2024 en Reynosa, donde elementos de la Guardia Estatal le arrebataron la vida a un niño, deja dos lecturas claras: el reconocimiento de una falta grave de capacitación en las fuerzas de seguridad y la esperanza de la familia por obtener justicia.

Si bien una disculpa es un primer paso, no puede ser el último. La tragedia en Reynosa pone en evidencia la urgente necesidad de mejorar la formación de los cuerpos de seguridad, no solo en el manejo de situaciones de crisis, sino en su preparación psicológica y ética. Los errores en operativos no pueden seguir costando vidas inocentes.

Para la familia del menor, escuchar al gobierno reconocer su dolor puede significar un alivio momentáneo, pero lo que realmente esperan es justicia. Han pasado más de cuatro meses desde la tragedia, y aún no han visto respuestas claras ni responsables castigados. La impunidad no puede ser la norma en un caso tan sensible.

El reto para el gobierno de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal, es garantizar que estos hechos no se repitan y que las palabras de arrepentimiento se traduzcan en acciones concretas. De lo contrario, esta disculpa quedará como un gesto vacío, mientras la ciudadanía sigue exigiendo un sistema de seguridad más profesional y humano.

PIDEN INVESTIGUEN EN MATAMOROS PAGO DE PISO…

La denuncia del senador José Ramón Gómez Leal sobre la extorsión a ferreteros y comercios de materiales en Matamoros, ha puesto en evidencia un problema que los ciudadanos ya conocían, pero que hasta ahora no había sido atendido con seriedad. La Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, anunció una investigación sobre estos hechos y prometió sancionar a los responsables. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿se traducirá esto en una solución real o solo en declaraciones sin impacto?

La extorsión es una de las prácticas más comunes de los grupos criminales en México, afectando directamente a la economía local y obligando a los empresarios a operar en un clima de miedo. La situación ha llegado al punto en que comerciantes prefieren cerrar sus negocios antes que seguir pagando cuotas impuestas por el crimen organizado. Esto no solo deteriora la actividad económica, sino que también desalienta la inversión y el crecimiento de la región.

Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a denunciar estos delitos, pero la realidad es que pocas personas se atreven a hacerlo por temor a represalias. Sin un sistema de protección efectivo para los denunciantes y un verdadero compromiso del gobierno para actuar contra los grupos criminales, este llamado a la denuncia resulta insuficiente. La impunidad sigue siendo el mayor obstáculo en la lucha contra la delincuencia organizada.

El gobernador Villarreal Anaya insiste en que su administración no bajará la guardia y seguirá trabajando por la paz en Tamaulipas. Sin embargo, los ciudadanos necesitan hechos, no solo discursos. La extorsión en Matamoros es un problema que exige respuestas concretas y urgentes. Si las autoridades realmente quieren recuperar la confianza de la población, deben demostrar con acciones que están dispuestas a enfrentar a los grupos delictivos y proteger a quienes se atreven a alzar la voz.

En el mundo que gira y gira, nada es lo que parece.

Por: Karla Pérez