19 de marzo del 2025 | No se necesita penas mas severas, se necesita que detengan a los delicuentes…

En Tamaulipas, los delitos de extorsión y homicidio calificado han sido objeto de atención legislativa en los últimos años. El Código Penal del Estado establece sanciones severas para estos crímenes, reflejando la preocupación por la seguridad y justicia en el estado.

Por ejemplo, en octubre de 2023, se dictó una sentencia de 14 años de prisión por extorsión agravada, donde el acusado exigió 600 mil pesos a la víctima para permitirle operar su negocio. Además, en diciembre de 2024, el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas para endurecer las penas por homicidio calificado, aumentando la sanción máxima a 60 años de prisión. Esta medida busca disuadir la comisión de este delito y reforzar la justicia en el estado.

Pero lo que se necesita no son penas más SEVERAS, las leyes se quedan escritas en un código, lo importante es que se detengan a estos delincuentes, y no solamente los diputados se pongan a idear cuántos años pueden incrementar a estos delincuentes que tienen en la zozobra a cientos o miles de tamaulipecos.

Lo que deben hacer las autoridades es coordinarse para atrapar a los delincuentes y así, sí se estaría garantizando mayor seguridad para los tamaulipecos.

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ADIOS A LA COMIDA CHATARRA EN LAS ESCUELAS…

Recientemente, el gobierno mexicano ha implementado medidas más estrictas para combatir la obesidad infantil, un problema que afecta a más de 16 millones de niños y adolescentes en el país. A partir del 29 de marzo de 2025, se prohibirá la venta de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas dentro y en los alrededores de las escuelas.

Esta iniciativa busca erradicar la comida chatarra en las escuelas y fomentar hábitos alimenticios saludables, pero el problema no es solo en las escuelas, si no en los hogares, donde la alimentación depende también de los padres de familia, quienes tienen que hacer un trabajo en conjunto.

Este será un gran reto más para los padres de familia que para las instituciones educativas, ya que en las casas tendrán que cambiar los hábitos alimentarios, una acción muy difícil para quienes trabajan, atienden la casa y a los hijos, lo que vendrá a tener que poner en una balanza la importancia de la salud no solo para quienes están en edad escolar, si no para toda la familia.

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ABANDONO EN LA OFICINA FISCAL DE MATAMOROS…

Después de meses de incertidumbre y rumores, finalmente el pasado jueves 13 de marzo, Zoyla Rodríguez Rangel presentó su renuncia como titular de la Oficina Fiscal de Matamoros. Su salida, que parecía inminente desde que su jefa y madrina política, Adriana Lozano, dejó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, se prolongó inexplicablemente por más de dos meses.

Pero más allá de los cambios administrativos, lo que queda en el ambiente es un rastro de irregularidades y malos manejos. Recientemente, con el anuncio de operativos para verificar licencias de conducir, la Oficina Fiscal fue escenario de un caos, largas filas de ciudadanos abarrotaron las instalaciones, intentando ponerse al día con sus trámites.

Y como suele ocurrir en estos escenarios de desesperación y falta de control, los “intermediarios” hicieron su agosto. Para nadie es un secreto que estos intermediarios operan con total impunidad, ofreciendo gestiones exprés a cambio de una considerable suma de dinero.

No basta con la renuncia de un funcionario; lo que Matamoros necesita es una transformación real en la forma en que operan las dependencias gubernamentales.

Es momento de que las autoridades estatales no solo designen un nuevo titular, sino que implementen mecanismos efectivos de supervisión y transparencia. Solo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos y erradicar la corrupción que por años ha manchado a la Oficina Fiscal.

En el mundo que gira y gira, nada es lo que parece.

Por: Karla Pérez