Fiscalía acusa a exgobernador de Michoacán por desvío de 3,412 millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado cargos contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por presuntamente causar un daño patrimonial al Estado mexicano y al estado de Michoacán por un monto de 3,412 millones de pesos. Este caso se relaciona con la construcción de cuarteles para la Guardia Civil en siete municipios del estado: Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Según los representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, durante una audiencia ante la jueza Patricia Sánchez Nava, se evidenció que el exgobernador autorizó contratos para la compra de terrenos a precios inflados mediante adjudicación directa, beneficiando a la empresa “Inmobiliaria DIP”. Además, se realizaron pagos anticipados para la construcción de los inmuebles, lo que incluyó la renta y posterior compra de terrenos a costos significativamente superiores a los valores de mercado.

La FGR solicitó prisión preventiva para cuatro exfuncionarios vinculados al caso: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC). Los cargos incluyen peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La defensa de los acusados ha solicitado que sus clientes enfrenten el proceso en libertad condicional.

Por otro lado, el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, representante de la organización “Somos México”, ha denunciado que estas acusaciones forman parte de una estrategia de persecución política contra exgobernadores que se mantuvieron en la oposición y no recibieron cargos diplomáticos. Acosta Naranjo vinculó estas acciones con el contexto actual de las relaciones entre México y Estados Unidos, específicamente con la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del expresidente Donald Trump. Según él, las acusaciones contra Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, buscan desviar la atención de los desafíos que enfrenta el actual gobierno en materia de seguridad y delincuencia organizada.

Este caso destaca la complejidad de los procesos judiciales en materia de corrupción y la importancia de garantizar transparencia y justicia en la rendición de cuentas de los servidores públicos.