Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de Tamaulipas (2001) han sido incorporados por la Procuraduría General de Justicia del estado en un anexo de la investigación contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores y serán llamados a comparecer por la aprobación de transferir mil 600 hectáreas del puerto de Altamira a un particular.

De acuerdo a la Averiguación Previa Penal 14/2017 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, expediente donde se procesa a Hernández Flores por la probable comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, varios exdiputados podrían estar vinculados con el ilícito porque habrían actuado con dolo al saber de qué se trataba.

En la Quincuagésima Séptima Legislatura, entre los diputados que aprobaron que el gobernador Tomás Yarrington aportara mil 600 hectáreas propiedad del estado estuvieron Juan Genaro de la Portilla, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Ernesto Cantú Reséndez, Miguel de la Rosa Medrano, Jesús Villanueva Perales y Blanca Valles Rodríguez. Además, el perredista Bernardo Gómez Villagómez.

Todos ellos tendrán que comparecer por los delitos que sean responsables, confirmaron anoche a EL MAÑANA fuentes de la Procuraduría estatal.

El decreto número 435, que incluye las características de la superficie en un cuadro de construcción donde especifica el lado, distancia, rumbo y coordenadas, señala:

‘‘Artículo primero.– Se autoriza al Ejecutivo del Estado a aportar al Fideicomiso ‘‘Nuevo Santander’’ y, en consecuencia, afectar en propiedad fiduciaria un bien inmueble de la titularidad de la Hacienda Pública Estatal, con superficie total de 1600-03-85.11 hectáreas, ubicado en el municipio de Altamira, Tamaulipas’’.

Y añade:

‘‘Artículo segundo.– El predio cuya afectación se autoriza, se destinará para la realización de los fines propios del Fideicomiso ‘‘Nuevo Santander’’, entre los que se encuentran el de celebrar los contratos relacionados con la enajenación y aprovechamiento de las superficies susceptibles de explotación económica’’.

En el artículo único transitorio se señala que ‘‘el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado’’.

El documento, fechado el 30 de mayo del 2011, fue firmado por el Diputado Presidente, Óscar Alberto Hinojosa Sánchez, el Diputado Secretario Juan José Braña Carranza y el Diputado Secretario Bernardo Gómez Villagómez.

LAS NEGOCIACIONES

De acuerdo a la investigación, el entonces diputado Juan Genaro de la Portilla, que en ese entonces fue rescatado a la vida pública por Tomás Yarrington tras haber sido encarcelado por Manuel Cavazos Lerma por varios delitos; propondría a Guillén Vicente la venta de esas mil 600 hectáreas donde De la Portilla por años explotaba como bancos de sal en la Congregación de Lomas del Real.

La Fiscalía Anticorrupción tiene testimonios que fue De la Portilla, quien habría negociado el predio que ha ido arrebatando a salineros del puerto su fuente de trabajo, pues el relleno de esas miles de hectáreas desaparece los bancos de sal.

Mientras que a la diputada federal María del Carmen Guillén Vicente, como exsecretaria General de Gobierno y en ese entonces líder del Congreso del Estado, se le relacionó con hechos ilícitos en favor de Tomás Yarrington; esos precios después los pasaron a un fideicomiso y ahora en manos de Eugenio Hernández Flores.

EN ESPERA…

Actualmente, Hernández Flores permanece recluido en el penal de Ciudad Victoria luego de que el exmandatario priísta contaba con una orden de aprehensión liberada el pasado 4 de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Ciudad Victoria, solicitada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

… Y buscan a 4 cómplices por el mismo caso

>Por el mismo caso por el que fue detenido Eugenio Hernández Flores, un juez de Tamaulipas ordenó la aprehensión de otros cinco presuntos implicados por peculado y lavado de dinero, entre ellos el exgobernador Tomás Yarrington.

>A todos se les involucra en la venta ilegal a precios subvaluados de terrenos que eran patrimonio del estado y que administraba un fideicomiso cuya creación fue ordenada por el propio Yarrington.

>El Juez Segundo Penal de Ciudad Victoria, Juan Manuel Ham Cortes, también instruyó las capturas de Fernando Cano Martínez y Alberto Berlanga Bolado, presuntos prestanombres de Yarrington y Hernández, y el segundo también exsecretario de Obras Públicas del estado.

>De acuerdo con información ministerial, también se ordenaron las aprehensiones de Héctor Suverza Ramírez, miembro del Comité Técnico del fideicomiso que administraba los terrenos vendidos, y Delia del Carmen Berlanga Bolado.

Fuente: El Mañana