Nacional
El circo de la corrupción en Michoacán y las denuncias que no paran

El Gobernador morenista y su batalla contra el “desfalco licuadora”
Ah, Michoacán, tierra de aguacates, mariposas monarca y, al parecer, de escándalos políticos que parecen sacados de un guion de telenovela. El Gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, ha decidido que su misión en la vida es perseguir a su antecesor, el perredista Silvano Aureoles, con más denuncias que un abogado en temporada alta. ¿El motivo? Un desfalco que, según Bedolla, dejó al estado en quiebra técnica. ¡Qué sorpresa! Un político acusando a otro de corrupción. ¿Dónde hemos visto eso antes?
La “licuadora” de recursos: cuando el dinero desaparece como por arte de magia
Bedolla, en su afán por justificar su cruzada, nos regala una joya: la famosa “licuadora” de recursos. Sí, amigos, no es un electrodoméstico, sino una operación donde el dinero federalizado se mezclaba, trituraba y servía en vasos de corrupción. Todo el dinero, etiquetado o no, iba directo a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. ¿El resultado? Cuarteles que costaban 980 millones de pesos cada uno. ¡Vaya ganga! Porque, según Bedolla, un cuartel grande no debería costar más de 200 millones. ¿Alguien dijo sobreprecio?
“Había algo a lo que le llamaban la licuadora, consistía en que todo el recurso federal que llegaba, no importaba si venía etiquetado o no, se destinaba para otras cosas distintas”, abundó.
La Fiscalía y la FGR: el dúo dinámico de las denuncias
Bedolla, con la seriedad de un niño que acaba de descubrir que su hermano se comió su chocolate, asegura que no hay persecución política. Claro, porque presentar denuncias en la Fiscalía de Michoacán y en la Fiscalía General de la República es algo que se hace todos los días. Y no, no es que esté obsesionado con Aureoles, es que la FGR determinó que había delitos que perseguir. ¿Casualidad? No lo creo.
Los prófugos y los cuarteles de oro
Mientras tanto, Aureoles sigue siendo prófugo, porque, al parecer, prefiere el anonimato a enfrentar las acusaciones. Y no está solo: cuatro exfuncionarios de su gabinete ya tienen prisión preventiva por peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa. ¿El monto desviado? Nada más y nada menos que 3,121 millones de pesos. Con ese dinero, podrías comprar unos cuantos aguacates… o construir un par de cuarteles de oro macizo.
En resumen, Michoacán sigue siendo un escenario perfecto para la tragicomedia política. Y mientras Bedolla sigue buscando justicia (o venganza, quién sabe), nosotros nos quedamos aquí, esperando el próximo capítulo de esta saga interminable. ¿Qué será lo próximo? ¿Un desfalco con exprimidora incluida? El tiempo lo dirá.

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