La modificación de la Carta Magna propuesta por el expresidente López Obrador transfiere las facultades de los órganos autónomos a dependencias federales, pero sin autonomía de gestión.

Este jueves continuará el debate de la reforma y se prevé que se realicen distintos cambios al dictamen para después enviarlo al Senado.

Así, las funciones de la Cofece para combatir las prácticas monopólicas se transferirán a la Secretaría de Economía, y las del IFT para conducir y elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión serán aplicadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Las tareas del Coneval para medir la pobreza y evaluar la eficiencia de los programas sociales se traspasan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); las del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) serán aplicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), los órganos de control del Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión.

Las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las de la Comisión Reguladora de Energía se transfieren a la Secretaría de Energía y las de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al inicio de la discusión, los diputados de Morena y sus aliados rechazaron a mano alzada una moción suspensiva, presentada por la diputada Anayeli Muñoz (MC), quien subrayó que “ni en las peores épocas del PRI y del PAN, que fueron muchas, pensamos que llegaría un momento así, de destrucción de los tres poderes y después de los órganos autónomos”.

Durante la discusión del dictamen en lo general, la diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) explicó que la finalidad de la reforma es regresar al diseño institucional de hace 30 años, bajo un esquema similar al de Estados Unidos o Canadá, donde la instancia reguladora tiene autonomía técnica y de gestión, pero no órganos autónomos.

“[La reforma] representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía, como es el caso de nuestros dos socios comerciales de la región y como nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013, en los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos”, expuso la también ministra en retiro.

Por el contrario, la diputada Nadia Navarro (PRI) señaló que con la desaparición de los órganos autónomos se abona a la opacidad del gobierno federal y representa un retroceso de décadas que le tomó a dichas instituciones para consolidarse, además de que no representan un ahorro.

“El supuesto ahorro que ustedes manejan como argumento para la defensa y la desaparición de estas instituciones es una falacia, porque estos organismos solamente representan dentro del presupuesto un gasto de 5 mil 75 millones de pesos, que es el equivalente, apenas, del 0.55% del gasto aprobado en el presupuesto federal; además, representa únicamente el 1% del gasto aprobado para la pensión de adultos mayores y apenas el 0.4% de los intereses que se pagarán por concepto de la deuda pública”, explicó.

En ese sentido, la coordinadora del PAN, Noemí Luna, llamó “ridículos” a los diputados del oficialismo por afirmar que con la desaparición de los órganos autónomos se generará un ahorro para el gobierno, cuando han destinado mayores recursos a las obras prioritarias, como el Tren Maya.

“¡Ridículos! Porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni 1% de los gastos que han de ejercerse. Vienen aquí a intentar justificar que los organismos constitucionales autónomos son un gasto para el país, porque desde su creación han representado un gasto de más de 30 mil millones de pesos, pero se les olvida que, en un solo año, en el presupuesto para 2025 le están dando 40 mil millones de pesos más a una obra que, según ustedes, ya concluyó, como es el Tren Maya”, lamentó.

Por su parte, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) afirmó que con la reforma constitucional de simplificación orgánica se garantiza la continuidad y mejora de la Plataforma Nacional de Transparencia, asegurando que los avances logrados en términos de generación de información y herramientas anticorrupción no se afecten, sino que sean potenciados.