En el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 13 periodistas, según el registro del colectivo Reporteras en Guardia. Es una cifra alarmante comparada con los 9 homicidios ocurridos en el primer semestre de 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, que cerró con 17 crímenes contra el gremio.
Cinco de las 13 víctimas eran comunicadores indígenas, pero cuatro no han sido reconocidas como periodistas por el gobierno de la 4T, lo que representa una violación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente desde 2012.
La ley define como periodista a: “Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, condenó el homicidio del zapoteca Telésforo Santiago Enríquez, fundador y director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal en San Agustín Loxicha, en Oaxaca, asesinado el 2 de mayo de 2019, pero ningún funcionario se ha manifestado en relación con los otros cuatro crímenes.
El colectivo Reporteras en Guardia exige al gobierno de López Obrador que sea reconocido el carácter de periodistas, de acuerdo con la ley vigente, de los nahuas Samir Flores Soberanes, fundador y locutor de la radio Amiltzinko en Morelos, y José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, colaboradores de Radio Zapata en Chilapa, Guerrero. Así como del chinanteco Gustavo Cruz Mendoza, quien fue integrante de la comisión de comunicación del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) y colaborador de la radio móvil Radio Guetza. Todos eran miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Esta exclusión hace más vulnerables a los comunicadores indígenas del país. Su labor suele ser la única vía de información y denuncia de los pueblos originarios sojuzgados por la violencia criminal e institucional. Quienes ejercen el periodismo en sus comunidades arriesgan la vida al informar de las violaciones a los derechos humanos, territoriales y medioambientales que sufren por parte de cacicazgos locales, el aparato de Estado o las empresas privadas.
Reporteras en Guardia comienza su segunda etapa de construcción del memorial mataranadie.com con la publicación del perfil de 1
Samir Flores, quien desde Radio Amiltzinko denunció la amenaza al medio ambiente de la termoeléctrica de Huexca y del gasoducto que bordea las faldas del Popocatépetl, cuya construcción avanza en Morelos. Tras su homicidio, la fiscalía estatal reportó haber perdido evidencias sobre su caso.
El colectivo advierte que el ejercicio del periodismo en el ámbito municipal es el más peligroso. De las 13 víctimas, 12 realizaban labores en espacios de difusión municipal. Seis pertenecían a radios comunitarias, pues a los cinco casos de indígenas asesinados se suma el de Rafael Murúa Manríquez, director de la estación comunitaria Radiokashana, ubicada en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur.
Los agresores utilizaron armas de fuego en 12 de los asesinatos; en uno de estos crímenes, el de Murúa Manríquez, también hirieron a la víctima con un arma punzocortante en el tórax. A Omar Iván Camacho lo golpearon en la cabeza hasta matarlo. Murúa Manríquez y Francisco Romero Díaz, fundador del portal digital Ocurrio Aquí de Playa del Carmen, en Quintana Roo, estaban adheridos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Los 13 casos son parte de la escalada de asesinatos y desapariciones de periodistas heredada de los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón. Según nuestro registro, el primero dejó un saldo de 66 víctimas (56 hombres y 10 mujeres), y el segundo 77 (63 hombres y 14 mujeres).
Reporteras en Guardia reúne a más de un centenar de mujeres profesionales de 24 estados del país y de la Ciudad de México que reportean, con fuentes directas y cerca o en el lugar de los hechos, los perfiles de 188 periodistas —163 hombres y 25 mujeres— que fueron víctimas de asesinato o desaparición en México del 2000 a mayo de 2019.
No todos los casos de los registro tienen que ver con ataques a la libertad de expresión, pero son representativos de las distintas violencias a las que se enfrentan en en este país: delincuencial, del aparato de Estado, de género y racial. Todas estas violencias tienen un efecto expansivo que golpea nuestro ejercicio periodístico y trunca el derecho a la información de la sociedad mexicana.
El memorial mataranadie.com es una acción de resistencia ante estas violencias. Participan principalmente comunicadoras de la capital y de los estados que ejercen su labor entre la vulnerabilidad y la precarización. Actualmente, han publicado los perfiles de 45 colaboradores y sumarán 20 más en las siguientes semanas. Su único pago es contribuir a la exigencia de justicia.
AGENCIA NOTIMEX