La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación (No. 77/2017) en la que se señala la responsabilidad de la ex alcaldesa de Matamoros, en la formación y control del Grupo Hércules, al que se acusa de desaparecer y asesinar a cuatro jóvenes en el poblado de Control, Tamaulipas.

Además, se asegura que la entonces presidenta municipal encubrió y solapó los hechos.

Los hechos, de acuerdo a la CNDH, ocurrieron el 13 de octubre de 2014, cuando los jóvenes -tres de ellos hermanos, de nacionalidad americana- se reunieron en las inmediaciones del puente internacional conocido como Los Indios, para desplazarse al domicilio familiar en Progreso, Texas.

Cuando se encontraban en un restaurante de carnes asadas, fueron privados de su libertad por elementos del denominado Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros.

De los jóvenes no se supo nada hasta el 29 de octubre del 2014 cuando sus cuerpos fueron localizados en una brecha del municipio de Matamoros.

El padre de tres de las víctimas interpuso una queja ante la CNDH, misma que fue contestada bajo esta recomendación en donde se responsabiliza a la ex alcaldesa Leticia Salazar Vázquez, pues el denominado Grupo Hércules fue formado en su administración, y operó bajó sus órdenes.

“La Comisión Nacional constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria, en razón de que no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo”, expresó el organismo a través de un comunicado.

Según la CNDH, además del Grupo Hércules, también la Marina y Policía Federal habrían participado en la “desaparición forzada”.

“Este Organismo Nacional contó con elementos que permiten determinar las violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas y del derecho a la verdad en agravio de sus familiares, como víctimas indirectas, así como para establecer la probable

responsabilidad de los elementos navales y del denominado ‘Grupo Hércules’”.

En el documento publicado por la Comisión y remitido a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se acredita la desaparición forzada y el homicidio de las cuatro víctimas; los responsables habrían sido los integrantes del Grupo Hércules y de la Marina Armada de México.

“En cuanto a los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, su responsabilidad deriva de la conformación de un grupo policiaco fuera del marco normativo y legal del Estado y del propio Municipio, lo que se tradujo en que actuaran respaldados en el anonimato y falta de certeza sobre sus funciones y superiores jerárquicos,
generando con ello actos arbitrarios e ilegales dentro del Municipio, además de encubrir y ocultar las actividades que realizaron el día 13 de octubre de 2014, declarando ante el Ministerio Público situaciones contrarias a los hechos”, cita la recomendación.

Este documento fue publicada por la CNDH el pasado 28 de diciembre de 2017, con fundamento en los artículos 1º, párrafo primero a tercero y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, párrafo primero, 6º, Fracciones I a III, 15, Fracción VII, 24, fracción IV, 42, 44, 46 y 51 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , y 128 a 133 y 136 de su reglamento interno, basado en la examinación de los hechos y las evidencias del expediente CNDH/2/2014/7211/Q y su acumulado
CNDH/2/2015/2937/Q en relación a las quejas ya mencionadas.

El documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está dirigido a la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional de Seguridad y la Presidencia Municipal de Matamoros, a quienes solicita colaborar con las autoridades para poder aclarar los hechos.

La ex alcaldesa sería llamada ante las autoridades correspondientes para que responda por estos delitos de los cuales es acusada.

Atiende Gobierno recomendación

Redacción

El Gobierno de Tamaulipas, aceptó la recomendación 77/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones y omisiones cometidas por servidores públicos federales, estatales y locales (de Matamoros) en el 2014.

De forma inmediata tras aceptar la recomendación se llevaron a cabo acciones encaminadas a cumplimentar cada uno de los puntos que el organismo instruyó en relación a los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2014 en el poblado El Control del municipio de Matamoros.

La recomendación se deriva de la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución de 4 víctimas, 3 de ellas de origen estadounidenses y una de origen mexicano.

La primera acción que se realizó, fue la designación del Enlace del Gobierno del Estado con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendados, con lo cual se da total observancia al resolutivo.

Se giró oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que imparta a los elementos comisionados en Matamoros el curso en materia de Derechos Humanos con énfasis en las disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se envíe a la CNDH la constancia que acredite su cumplimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHET), imparta el curso referido a la brevedad posible, además de que se le envió al Coordinador General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, copia de la recomendación para que se anexe en el expediente de los servidores públicos involucrados.

La Secretaría de Seguridad Pública, emitió una circular dirigida al personal de la Policía Estatal, para que en el desempeño de su cargo actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y se remitan a CNDH las constancias con que acrediten su cumplimiento.

Se instruyó a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, realice las gestiones necesarias para la identificación e inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Nacional de Víctimas y puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Al comprobar que la víctimas no estaban inscritas en el Registro Estatal de Víctimas, la Comisión giró oficios a la CNDH y a la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas y/o Privadas de su Libertad en el Estado, a fin de que proporcionen los datos de contacto que tengan.

A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, también se le solicitó que en coordinación con otras autoridades proporcione atención médica, psicológica y tanatológica necesaria, con calidad y calidez, a las víctimas indirectas y remita constancias que acrediten su cumplimiento a CNDH.

Se notificó además que el expediente de denuncia fue remitido a la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 5 de noviembre de 2014, por tratarse de delitos del fuero federal.

Con estas acciones el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, refrenda una vez más que la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a las garantías individuales de las y los tamaulipecos son prioridad de su administración.

Fuente: Expreso Press