El combate a la corrupción fue parte del decálogo que pronunció el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al tomar protesta en el cargo. En la primera quincena del mandato, el jefe del Poder Ejecutivo reveló que al menos 35 por ciento de la plantilla laboral de confianza y sindicalizados de la estructura gubernamental eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que fueron contratados en el sexenio anterior.
El primer trimestre del gobierno se concentró en la revisión de las nóminas y contratos de las secretarías de Salud, Educación y Obras Públicas, las tres que manejan mayor presupuesto y plazas laborales.
Empero, las auditorías en los organismos públicos descentralizados también revelaron los malos manejos financieros, principalmente en universidades.
Aunque el engranaje legal y judicial tardó 9 meses en funcionar, el resultado más tangible se reportó el 6 de octubre de 2017, con la detención del ex gobernador Eugenio Hernández Flores. El político priista fue recluido y vinculado a proceso por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la presunta compra mediante un prestanombres, de un terreno de mil 600 hectáreas, que es patrimonio del Estado.
En la antesala de procesos judiciales por peculado y desvío de recursos se encuentran, de acuerdo con la Contraloría Gubernamental, nueve exfuncionarios de la administración egidista. Las carpetas de investigación se generaron con base en los resultados de auditorías, afirmó el director de Responsabilidades y Situación Provisional de la Contraloría Estatal, Edgar Urízar Alanís.
Los asuntos judiciales corresponden a presuntos ilícitos cometidos por exfuncionarios de varios niveles, como secretarios, subsecretarios y personal operativo.“Están en investigación y seguimos investigando para que vaya bien documentado, que si hay una presunta responsabilidad se actúe”, dijo.
Sector educativo exhibido
El sector educativo ha sido de los más revisados en lo que va del gobierno panista. El primer conjunto de hallazgos evidenció que en la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) había maestros y empleados administrativos comisionados sin justificación, becas preferenciales regaladas a hijos de políticos, servicios especializados pagados de los que no hay testimonio documental y obras contratadas que fueron recibidas inconclusas.
La Contraloría Gubernamental del gobierno de Tamaulipas detectó decenas de malos manejos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas (Conalep), la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) y los Institutos Tamaulipecos de Infraestructura Física Educativa (Itife) y de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (Itabec).
En el Itife, la Contraloría centró la investigación en dos decenas de obras contratadas, de los cuales solamente 6 fueron entregadas concluidas. La Secretaría de Finanzas pagó 293 millones 924 mil 348 pesos con 71 centavos por la infraestructura educativa recibida a medias o que no cumplió con lo especificado en la licitación.
Otro descubrimiento fue el probable desfalco de 5 millones 401 mil 778 pesos con 3 centavos en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), durante la rectoría de María Esther Camargo Felix, actual diputada federal.
La institución educativa, con sede en Reynosa, gastó 4 millones 110 mil 475 pesos con 3 centavos en sueldos de 25 personas con identidades dudosas. Además, erogó un millón 291 mil 303 pesos en cursos ‘fantasma’ y pagos a personas que declararon nunca haber trabajado en la escuela en el marco de trabajos acordados con Petróleos Mexicanos Exploración y Producción.
Tras estos hallazgos, la Contraloría detectó por lo menos 2 millones 377 mil 955 pesos con 14 centavos ‘perdidos’ en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas (Conalep). El 16 por ciento del monto corresponde a un subejercicio que no fue devuelto a la Secretaría de Finanzas.
Los auditores comprobaron que 82 personas, entre personal docente y administrativo, no comprobaron y tampoco reembolsaron un millón 491 mil 454 pesos con 85 centavos. El dinero fue solicitado para viáticos y gastos en diversas actividades supuestamente realizadas en 2012. Tan solo el docente Ramón Eduardo Acevedo Rodríguez debe 250 mil 124 pesos con 22 centavos a las arcas educativas.
Obras en el ojo
En la Secretaría de Obras Públicas se inspeccionó los procesos de contratación, ejecución y entrega de los trabajos. Los auditores detectaron 394 millones 630 mil 331 pesos con 71 centavos en irregularidades derivadas de 25 contratos firmados en los últimos dos años del gobierno de Egidio Torre Cantú.
Los resultados señalan trabajos entregados sin terminar y falta de documentación en 25 contratos. Expreso reveló el conjunto de obras de salud, drenaje y turismo que fueron entregadas con fallas o inconclusas. Una de ellas es Unidad de la Mujer del Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata en Ciudad Victoria, donde el elevador con capacidad de carga para 21 personas no funciona y los ductos del cuarto de máquinas se averiaron.
En el rubro de drenaje, la introducción de drenaje sanitario en playa Miramar resultó un fraude, pues la obra todavía no opera por falta de instalación eléctrica. La compañía Grupo Manamaca, de la cual es socio el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Sergio Villarreal Brictson, cobró 13 millones 750 mil 504 pesos.
En Tampico se detectaron irregularidades por 56 millones 845 mil 809 pesos en la construcción de infraestructura vial e hidráulica del canal de la Cortadura (41 millones 183 mil 453 pesos) y el mejoramiento de imagen urbana de la zona de mercados en Tampico (15 millones 662 mil 356 pesos).
Mal gasto en seguridad
Aunado a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el gobierno de Tamaulipas desvío aproximadamente 2 mil millones de pesos de los fondos destinados para combatir al crimen. El dinero desapareció durante las últimas tres administraciones priistas.
Los auditores encontraron gastos ilegales fuera de la norma, salarios excesivos para determinados funcionarios, irregularidades en los registros presupuestarios o de bienes. El informe concluye que de 2000 a 2010 hubo mala “aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo, y por pagos
improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos.”
A las compras ilícitas se destinaron, por lo menos, 51 millones 326 mil 600 pesos. El monto de por pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos sumó 27 millones 407 mil 400 pesos. En otras observaciones se descubrió pequeñas cantidades que ascendieron a 10 millones 153 mil 600 pesos.