Frente a los interminables actos de corrupción entre los funcionarios del sistema
político mexicano, COPARMEX propone como ya se ha realizado en la República del
Perú, la Ley de Muerte Civil (aquí la podríamos llamar Muerte Política) para aquellos
corruptos que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados.
De acuerdo con cifras de Forbes, la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de
pesos anuales, lo que significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional
y de acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia
Internacional (IT), nuestro país ocupa el lugar 95 de 168 países.
Eventos como los recientes sismos ocurridos el mes pasado han puesto en tela de
juicio la actuación de funcionarios públicos a nivel nacional, quienes por acción u
omisión, podrían tener responsabilidades en las afectaciones de los movimientos
telúricos.
Hoy se encuentran en proceso el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas
locales a los que los grupos en el poder buscan construir “a modo”, pero tampoco
existe una ley que inhabilite de por vida a un funcionario que cometa actos de
corrupción, de manera que no pueda ni postularse a cargos de elección popular para
evitar que consiga tener fuero ni pasar a otro encargo en la función pública.
México necesita una reacción social frente a quienes aprovechan la laxitud de un
sistema construido para los vivos que en base a acciones ilegales logran poder, frente
a la mayoría de los ciudadanos que respetan las leyes y son presa de ellas.
En la actualidad, el corrupto afronta la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de
sus captores y sus detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio
público que remediará, posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un
electorado “comprado” o el compadrazgo.
El pacto social que nos dio una forma de organizarnos en comunidad fue para bien
administrar nuestros recursos y potenciar cada una de las fuerzas individuales con el
fin de crecer colectivamente hacia un mejor estado de cosas.
Hoy ese pacto social está roto y sólo unos cuántos, que ejercen el poder, se benefician
de los bienes colectivos y faltan al pacto primigenio.
Por este motivo, COPARMEX solicita a los actuales legisladores federales, y de los
estados que asuman su compromiso social y que en sus próximos periodos ordinarios
le den cabida a una ley que restrinja de todos sus derechos para ser votado y a
participar en la administración pública a todo aquel ciudadano que haya cometido
actos de corrupción y haya sido vinculado a proceso y sentenciado.
Y a la sociedad en general, se le convoca a impulsar una ley de esta magnitud con el
fin de regresar el estado de cosas a la vertiente original del pacto social, con el fin de
lograr una sociedad bien organizada, mejor administrada y con el estado de
satisfacción y bienestar que nos merecemos.
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