Hasta seis años de cárcel se harán merecedores las escuelas privadas que presenten el servicio educativo sin la autorización o reconocimiento por parte las autoridades educativas.
La diputada por Morena, Edna Rivera López presentó la iniciativa que establece adiciones al Código Penal de Tamaulipas en el artículo 211 Bis “a los particulares que presten servicios educativos que requieran autorización o reconocimientos de valides oficiales de estudio y no los hayan obtenido, se les impondrá una pena de presión de tres a seis años y multa de 500 a mil veces el valor diario a la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.
Si la autorización o reconocimiento se encuentra en trámite, no será motivo para librarse de la responsabilidad, ya que se impondrá la misma sanción, así como la inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar un empleo, cargo o comisión a cargos públicos, si en este delito estuvieran involucrados cualquier servidor público.
La legisladora de la Cuarta Transformación dio a conocer que el número de escuelas privadas o particulares va en aumento, lo que ha provocado en un mercantilismo, “ya que la preparación y formación de los estudiantes pasan a un segundo plano por priorizarse únicamente el aspecto económico”, añadió.
En Tamaulipas, del ciclo escolar 2018-2019 existen más de mil 800 escuelas privadas, entre servicios de apoyo, educación básica, formación para el trabajo y media superior y superior, lo que es un número significativo, por lo que es necesario legislar al respecto.
Al encontrarse saturadas la mayor parte de las escuelas públicas, tanto de educación básica como de media superior y superior, los padres de familia prefieren inscribirlos a las escuelas privadas, por ello, debe vigilarse que estás cuenten con el reconocimiento de autoridades educativas, a fin de que a su egreso puedan continuar con su formación académica, y en el caso de nivel superior puedan ingresar al mercado laboral.
“La presente acción legislativa propone incorporar al ámbito del derecho penal su protección, estableciendo en la legislación local de tipo penal de impartición ilícita del servicio educativo, tal y como lo contempla actualmente los códigos penales de Nuevo León y Estado de México”, expresa.
Actualmente el Código Penal sólo contemplan sanciones administrativas para quienes incumplan con las referidas disposiciones.
Por último, recordó que la Constitución Política Local y su Ley Reglamentaria no se encuentran armonizadas con la nueva Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019, otorgando a las entidades 180 días siguientes para que armonizaran sus leyes locales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación del Congreso Local.
Por: Alfredo Contreras